DERECHO A DECIDIR

Rompo de nuevo mi tónica habitual de hablar de cine, cómics y otras aficiones personales para adentrarme otra vez en el terreno (espinoso) de la reflexión política. Cierta persona muy cercana a mí me ha dicho más de una vez: 'a mí no me gusta la política'. A mi tampoco. No me gusta lo que veo, leo y escucho cuando pongo el televisor o abro un periódico. Pero nadie puede vivir al margen de la política, nadie debería hacerlo sin tener un mínimo de conocimiento de lo que ocurre alrededor nuestro, sin hacer un acto de reflexión y tomar partido. Si nosotros no tomamos partido la política lo hará de todas maneras por nosotros. No me sirve el comentario socorrido y fácil de 'no confío en ningún político'. Yo tampoco, pero ello no me exime de, como miembro partícipe de la sociedad en la que me desenvuelvo día a día, ser consciente de lo que, política y socialmente, ocurre a mi alrededor. No importa hacia donde te lleve tu posicionamiento, no importa si es hacia la derecha o hacia la izquierda. Lo importante es que te posiciones, que no te mantengas al margen, que actúes, que te manifiestes, incluso de la forma más simple como es acudiendo a una urna electoral para expresar tu opinión a través de un voto. Incluso un voto en blanco es una forma de expresar una opinión. La política influye en nuestra declaración de renta de cada año, en nuestro acceso a un hospital público, en los peajes que pagamos cuando vamos por autopistas, en el acceso de nuestros hijos a un colegio, en el dinero que dejamos en concepto de IVA cada vez que vamos al cine, en los intereses que nos cobra el banco por hacer uso de una tarjeta de crédito… Por todo ello no podemos permanecer al margen de la política, cómodos y aletargados en una burbuja de ignorancia. A mí tampoco me gusta la política, y es por eso que ocasionalmente escribo posts como éste.

Primero expongamos algunos datos objetivos: la actual Constitución española fue votada mediante referéndum popular en el año 1978 (hace 36 años). En la confirmación de la Carta Magna participó el 59% aproximadamente del censo electoral de aquel momento, de los cuales un 88% aproximado refrendó dicha constitución. En aquel año 1978 menos de dos tercios de la población opinó de manera favorable o contraria a constitución española. En los 36 años que han pasado desde que se aprobó, ¿cuántas generaciones de nuevos ciudadanos con derecho a voto hemos alcanzado la mayoría de edad sin posibilidad de poder opinar sobre si queremos mantener o no dicho texto? ¿Cuántas de las personas que en su día votaron, que no fue, insisto, la totalidad de los españoles, continúan vivos y por lo tanto con derecho a renovar su confianza o rechazo en dicho texto? ¿Y cuántos de los que apoyaron la Carta Magna en su momento volverían a hacerlo ahora con un voto favorable? Dicho todo ésto dejemos de llamarla, pues, “la constitución de TODOS los españoles”. La del 78 es una constitución de unos pocos, un texto obsoleto, caduco, apoyado en la actualidad mayormente por ignorantes o por políticos interesados que verían peligrar su actual status quo si dicho texto fuese sometido ahora mismo a una necesaria revisión que hace mucho que está pidiendo a gritos.

Otro dato: la constitución española, en su título preliminar, proclama ‘un Estado social y democrático de Derecho que propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Asimismo, se afianza el principio de soberania popular y se establece la monarquía parlamentaria como forma de gobierno.’ 

Si buscamos en la Wikipedia qué significa ‘soberanía popular’ nos encontramos con la siguiente definición:

‘El principio teórico en el que se basan todas las concepciones de la democracia y que hoy tiene aceptación prácticamente universal como fuente de todo poder y autoridad. Como doctrina política moderna proviene de Rousseau. Un pueblo es una unidad histórica de costumbres y hábitos de vida en común, cuyos integrantes acuerdan formar un Estado para gobernarse mejor en forma soberana (sin otro poder por encima de él). El pueblo constituye el Estado, y debe después controlarlo y cambiarlo si lo cree conveniente. El pueblo no debe nada a sus gobernantes, que son servidores, escribientes o mensajeros de la voluntad popular. Al mismo tiempo, el pueblo tiene gran poder sobre los individuos, solo compensado por la reciprocidad de la situación de éstos. De aquí ha derivado como una hipertrofia conceptual el populismo, que afirma el derecho ilimitado de las mayorías populares a imponer su voluntad a toda la sociedad, pasando por encima de las minorías, de los expertos o de las élites. El término soberanía popular se acuñó frente al de soberanía nacional, que se interpretaba de una forma restrictiva como la soberanía residente en la nación, término de difícil definición que puede identificarse con más dificultad y restringirse en su representación efectiva a las capas más elevadas de la sociedad; mientras que el principio de la soberanía popular hace con unos derechos y garantías constitucionales.’

O dicho de otra forma más clara y simple: según el principio básico de la constitución española, el poder reside en el pueblo y los gobernantes no son más que sus servidores. Es evidente que la actual casta de políticos retrógrados, corruptos e indecentes que venimos sufriendo no consultan mucho la Wikipedia… ni, creo yo, cualquier otra forma de literatura más que aquella que conviene únicamente a sus propios intereses particulares. Nuestros políticos hace mucho que se olvidaron de lo que significa servir al pueblo, escucharle, atender sus necesidades, dialogar con él. Ningún político actual tiene verdadera voluntad de servicio, no al menos los que se asientan en la final de partidos como el PP, el PSOE, Ciutadans, UPyD, IU, CIU y demás ralea (de momento pienso concederles el beneficio de la duda a las CUP y a Podemos). De otro modo no se entiende como a un supuesto servidor público se le permita decir cosas como ‘yo he llegado a la política comido y tengo la vida resuelta’ o ‘no tengo ningún apego al cargo’, sin que nadie de su partido reclame su dimisión. En otros países, más serios que el nuestro, el simple hecho de que se pille in fraganti a un presidente del gobierno enviado mensajes de móvil del tipo ‘es muy injusto lo que te están haciendo’ o ‘sé fuerte y resiste’ a personajes sospechosos o directamente imputados por cargos de corrupción, habría sido motivo de vergüenza y dimisión inmediata. Pero claro, spain is diferent.

El actual gobierno español y el partido que el secunda, el PP, han invertido no pocos esfuerzos  en defender lo que ellos llaman la ‘marca España’, pero no nos engañemos: fuera de nuestras fronteras, al norte de los Pirineos y en los países occidentales, la marca España es sinónimo de corrupción. Le hemos querido dar la vuelta, la hemos llamado ‘picaresca española’, como si la hacerlo la despojásemos de la gravedad que conlleva y la hiciésemos al mismo tiempo motivo de celebración literaria. Pero llamémosla por lo que realmente es: corrupción pura y dura. Punto. ¿Y qué medidas ha tomado el gobierno para solucionar una situación que cada vez está tomando visos de mayor gravedad? Pedir disculpas. Esto me suena mucho a aquello de ‘lo siento. Me he equivocado. No volverá a ocurrir.’ Pues no, señores del gobierno y demás representantes de partidos políticos, pedir perdón no basta, no es suficiente. Pedir perdón no renueva la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema y en nuestros políticos. La ley, dicen, está hecha para todos, no importa si eres un ladronzuelo, una tonadillera famosa, un presidente de un banco, o el rey de España. Todos los delitos deberían pagarse. Lamentablemente no es así, y muchas veces se promulgan leyes con el único propósito de proteger a los corruptos cuando estos acceden a un cargo público (¿es necesario mencionar la ley de aforamiento cuya revisión ha paralizado varias veces el actual gobierno? ¿o la ley de partidos cuya renovación ha sido pospuesta varias veces a instancias del PP y el PSOE? El propio presidente del Tribunal Supremo dijo no hace mucho que ‘la ley está hecha para el robagallinas’. Por lo demás ya puedes irte de cacería a África a costa de los impuestos de los españoles, dedicarte a matar animales en peligro de extinción por mero deporte, y hacerlo cuando el país está sufriendo una grave recesión y una crisis económica que permite el desahucio de gente sin recursos sin que el gobierno y la oposición hagan nada para remediarlo, que simplemente diciendo ‘lo siento. No volverá a ocurrir’ te quedas con la conciencia tranquila y libre de toda responsabilidad. Triste pero cierto.

Son muchos, demasiados, los casos de corrupción que están salpicando al actual partido en el gobierno: Gurtel, Bankia, los papeles de Bárcenas, la operación Púnica… Y nuestro presidente se limita a pedir perdón y parece que ya está todo resuelto. Poco importa que tengamos una ministra de sanidad que es una completa inútil y que no haya sabido gestionar un caso tan grave como es el de la auxiliar Teresa Romero, y que haya tenido que ser rescatada in extremis por la portavoz del gobierno. En este caso ni siquiera tuvo que pedir perdón, bastó con que el presidente dijese que ha hecho bien su trabajo para mantenerla en el cargo pese a las numerosas voces que claman por su destitución y la del consejero de sanidad de la comunidad de Madrid. Poco importa que un ministro del interior quiera dar cobertura legal a un acto, como el de las ‘devoluciones en caliente’, que contraviene el derecho internacional y los derechos humanos. Poco importa que una presidenta de un partido tache de nazis o terroristas a aquellos que solo quieren expresar en voz alta su opinión, o que esa misma presidenta describa la imputación en un caso de corrupción de un miembro destacado de su partido como ‘una oportunidad’. En este país te puedes equivocar, puedes cometer graves irresponsabilidades e incluso puedes incluso delinquir, que si estás en un cargo público de cierta relevancia lo más probables es que salgas impune. No es necesario ni que dimitas por pura vergüenza. Aquí, como decía Al Capone, ‘el crimen no paga’.

Sin embargo Rajoy, el gobierno de España y el PP son conscientes que ya son demasiados los escándalos que están afectando de manera directa o indirecta a muchos miembros de su partido, muchos de ellos con cargos públicos en la administración española (Luís Bárcenas, Ana Mato, Angel Acebes, Rodrigo Rato, Esperanza Aguirre, Francisco Granados… y los que vendrán después). Que sí, que no son los únicos, que también el PSOE y CIU guardan esqueletos en el armario, que ahí están los casos de los ERE’s de Andalucía o el caso Pujol en Cataluña. Simplemente los casos que afectan el PP son  más vistosos porque son más numerosos… y porque están en el gobierno. Ya por el simple hecho de estar en el gobierno de la nación y de la mayoría de las comunidades autónomas de este país se les debería exigir un mayor grado de responsabilidad. O dicho de manera más llana: que prediquen con el ejemplo. Repito: pedir perdón no basta.

El caso es que la imagen del PP cada vez está más deteriorada y cada vez es mayor la desafección de una parte del electorado que solía guardarles fidelidad. ¿Y qué hacen para remediarlo? Desviar la atención. ¿Cómo? Cargando contra el proceso participativo del 9-N.

Se podrán criticar muchas cosas a Artur Mas. Se le podrá criticar que haya jugado al gato y al ratón con el gobierno y con sus socios de partido sin tener muy claro de si lo que se guardaba en la manga era un as o no. Primero prometió un referéndum a sabiendas de que no podría llevarlo a cabo, luego tanteó con la posibilidad de unas elecciones plebiscitarias que no le gustaban a él menos que a nadie, luego dejó caer la idea de la desobediencia civil cuando todo el mundo tenía claro que él no estaba dispuesto a convertirse en ningún mártir político incurriendo en algún tipo de ilegalidad, finalmente impulsó un descafeinado proceso participativo que no convencía a nadie pero que al menos le permitía mantener cierta dignidad sin necesidad de contrariar la legislación española vigente. Un proceso participativo que conviene recordar no iba a tener ningún tipo de implicación política y que en el fondo solo podía interpretarse como un simulacro electoral, una suerte de macro-encuesta que no cumplía ningún tipo de garantía electoral, es cierto, pero que al menos permitiría al pueblo catalán expresarse libremente. Cierta coherencia hay que reconocerle a Mas, aunque sea por los motivos equivocados. Él ha intentado en todo momento nadar (contra corriente) y guardar la ropa. Se ha asegurado que ninguna eventual ilegalidad asome en todo el proceso que ha llevado a cabo, una ilegalidad que podría haber dinamitado por completo el referéndum que pretendía llevar a cabo sobre la eventual separación de Cataluña del estado español. ¿Qué hubiese ocurrido de haber promulgado una declaración unilateral de independencia como reclamaba ERC? ¿En qué situación hubiese quedado Cataluña frente a Europa y frente al estado español? ¿Qué repercusiones tendría no ya para los miembros del gobierno sino para la misma ciudadanía catalana de haberse promovido la desobediencia civil como exigían algunos socios del pacto soberanista? No son pocos los que se preguntan si el posicionamiento de Artur Mas tiene más que ver con ‘salvar el barco’ que con responder de forma sincera a las reivindicaciones de una mayoría del pueblo catalán. Algunos analistas ven en la actitud de Mas un acto desesperado por alargar un poco más la agonía de concluir la actual legislatura con el objetivo de salvaguardar los puestos de trabajo de los cargos de CIU en las actuales administraciones públicas catalanas. Unas elecciones anticipadas (que no gustan a la mayoría de las fuerzas políticas catalanas) no harían más que corroborar el fracaso de CIU, que podría perder por primera vez una elecciones a la Generalitat en favor de un partido de izquierdas (recordemos que el gobierno del tripartito se alzó por encima de CIU gracias a la conjunción de fuerzas políticas, y que el partido presidido por Artur Mas fue entonces la fuerza más votada). Unas elecciones de corte plebiscitario tampoco serían claras, pues Mas reclama una lista única del bloque soberanista con él como cabeza de cartel. E incluso ha lanzado un temerario órdago de permitir que otros (esencialmente ERC) copasen los cargos de responsabilidad manteniéndose él como presidente. Mas sabe que cualquier otra opción le dejaría fuera del gobierno y de la presidencia de la Generalitat, y da la impresión de que busca desesperadamente aferrarse a cargo. Difícil lo tiene, y más cuando ERC es consciente de que una alianza electoral podría perjudicarle como ya lo hizo en el pasado, salvo que lograse pactar un programa electoral tan radical (en términos de secesión e independencia territorial) que Mas, de entrada, no se atrevería a respaldar.

Inicialmente el gobierno de Rajoy optó por ‘dejar hacer’ a Mas, permitir que dicho proceso participativo, que nace de la voluntad de los catalanes de expresar su opinión y que se iba a llevar a cabo contando con la participación de voluntarios, siguiese su curso. Muchos cargos e instituciones le aconsejaron de mantenerse prudencialmente al margen a sabiendas de que dicho proceso participativo carecía por completo de repercusión jurídica. Desgraciadamente Rajoy y su gabinete han desoído dichos (sensatos) consejos y finalmente ha recurrido de nuevo a su perrito faldero, el Tribunal Constitucional, para frenar dicho proceso participativo. Un acto rastrero y claramente antidemocrático, amparado en una legislación que prostituyen y usan a su antojo con fines estrictamente electorales, un acto que contradice aquello que expresa la Constitución española en lo referente a la ‘soberanía popular’. El PP sabe que tiene a las puertas las elecciones municipales y las generales a finales del año que viene, y eventualmente podría encontrarse también con unas elecciones autonómicas adelantadas en Cataluña. Todos los sondeos vaticinan un fuerte descenso en votos en los tres ámbitos, particularmente en unas elecciones generales donde los escándalos de corrupción tendrían un mayor efecto, pero sobre todo en una eventuales elecciones en Cataluña, donde podría pasar de ser la 4ª a la 5ª fuerza más votada, reduciendo aún más su influencia en la vida política catalana. Es cierto que los sondeos en Cataluña vaticinan fuertes pérdidas tanto para CIU (por su incapacidad de resolver en conflicto), como el PSC (por su indecisión y falta de claridad en todo lo relativo a la consulta) y el PP (por su enrocamiento en una posición retrógrada contraria a cualquier tipo de diálogo con el bloque soberanista); y por el contrario las fuerzas que más se beneficiarían de los cambios en la intención de voto serían ERC y la CUP por un lado (los partidos más claros y favorables a una posible secesión de Cataluña) y Podemos por otro (que irrumpiría en el panorama catalán recabando los votos de los votantes de izquierda desencantados con el PSC e IC). En cualquier caso el panorama después de esas eventuales elecciones adelantadas es incierto y muchos analistas políticos auguran que de difícil gobernabilidad.

Sin embargo el PP, aunque da (debería dar) por perdida Cataluña, es consciente de que su oposición frontal a cualquier postura que pueda favorecer una eventual secesión de Cataluña en un estado propio, le granjea no pocos votos en la España más profunda, incluso a pesar de los escándalos de corrupción.

Sigo creyendo que Artur Mas nunca ha querido realmente la independencia de Cataluña (Durán i Lleida al menos se ha mostrado más sincero en su posicionamiento) y que se hubiese conformado con un mejor financiamiento económico y una mayor independencia política pero dentro de la fórmula del estado, pero se ha visto abocado a respaldar la independencia ante la negativa reiterada por parte del gobierno del estado de ofrecer un mejor financiamiento para Cataluña o blindar ciertas competencias como las de Educación dentro de la comunidad. Cualquier otra postura por parte de Mas se habría visto como una concesión, como una ‘bajada de pantalones’, cosa que el presidente de la Generalitat no se podía permitir. Son Rajoy y su gabinete de ministros los que han provocado la deriva de Artur Mas hacia lo que ellos llaman radicalismo político. Son Rajoy, su gobierno y los políticos del PP los que alimentan el nacionalismo catalán y lo hacen crecer cada vez más. Si hubiesen actuado de forma sensata, inteligente, dialogante, DEMOCRÁTICA, no se encontrarían con la patata caliente que tienen ahora entre manos. Una patata caliente que no saben cómo manejar y a la que tratan de controlar haciendo abuso de poder, amparados como están en una mayoría absoluta parlamentaria, y utilizando el Tribunal Constitucional y otros organismos del estado para su propios fines partidistas.

Hoy de nuevo el gobierno de España, amparado por el TC, ha vuelto a dar un puñetazo a la democracia, y lo ha hecho apoyándose en una interpretación interesada de la legalidad española, desoyendo el clamor popular, la voz del pueblo (catalán), abusando del estado de derecho, y olvidándose por completo de que los políticos están para servir al pueblo. No a las supuestas ‘mayorías silenciosas’ que ellos han inventado y que nadie sabe qué opinan porque no tienen ni voz ni presencia, sino a las inmensas mayorías ruidosas (1’8 millones de catalanes) que piden que se les escuche, que se les permita expresarse libremente mediante un ejercicio que debería ser algo normal y habitual en una democracia que se dice justa y moderna: el voto. 

Pero poco parece importarle a Rajoy y su camarilla de politicuchos interesados la pobre imagen que están dando en Europa y el resto del mundo; poco parece importarles que se les vea como un gobierno abusivo, totalitario, corrupto, contrario al diálogo e incapaz de hacer frente a un crisis política. Poco parece importarles si esa misma postura inmovilista les reporta beneficios en las urnas en las próximos procesos electorales que tendrán lugar el año que viene.

Por todo ello, hoy 4 de noviembre, a tan solo 5 días del previsto proceso participativo del 9-N, es un día triste. Un día triste porque se pone de manifiesto que los que nos gobiernan no creen en la democracia, triste porque se demuestra que han prostituido una constitución que debería estar al servicio del pueblo para sus propios fines electoralistas, triste porque en vez de servir tergiversan, mienten, manipulan, delinquen…. Y lo hacen impunemente amparados en sus mayorías. Y lo hacen porque además cuando tergiversa, mienten, manipulan y delinquen reciben además el aplauso de los suyos.

¿Qué pasará el 9-N? ¿Y el 10-N? No lo sé bien. Pero una cosa sí sé: que todos los catalanes que reclamamos libertad de expresión, justicia y derecho a decidir nuestro futuro saldremos a la calle para hacer no sé qué, pero para seguir demostrando que las mayorías ruidosas somos más, muchos más que cualquier supuesta ‘mayoría silenciosa’.